El Mercado del Carbono y América Latina. (Parte II)

Lo que se comercializa
Lo que se tranza en estos mercados son las reducciones certificadas o no, de emisiones de CO2e3, comúnmente conocidos como CER. Algunos Estados industrializados o empresas emisoras de CO2, financian proyectos de reducción de emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero), en un país en vías de desarrollo, que equivale a las toneladas de CO2e3 que generan. Otros, en cambio, acuden a bolsas de clima en las que ya están los proyectos desarrollados, con las cantidades de emisiones capturadas certificadas o verificadas, y donde se venden a quienes requieran reducir su propio impacto ambiental. Por ejemplo, si una compañía emite un millón de toneladas de CO2e (tCO2e), puede neutralizar sus emisiones protegiendo un bosque que absorba ese millón de tCO2e, o financiar el desarrollo de energías limpias y eficientes en países en vías de desarrollo, que tengan un impacto positivo equivalente al millón de tCO2e emitidas, lo importante es que haya, en términos cuantificables, una reducción de las emisiones. Sin embargo no es válido para la comunidad internacional financiar o comprar proyectos que hubiesen sido llevados a cabo sin tener en cuenta el beneficio ambiental o el cumplimiento legal, ya que lo primordial es ir más allá del marco legal por compromiso con el medio ambiente. Resulta importante tener siempre presente que el propósito del mercado de emisiones es la reducción de los GEI, si ese propósito no se logra no hay forma de comercializar los proyectos en ninguna de las bolsas de clima del mundo.

Dónde y cómo se comercializa

La Chicago Climate Exchange (CCX) es el único escenario en el continente americano en el que se pueden tranzar emisiones hoy. Uno de sus propósitos principales consiste en facilitar la comercialización de CER a través de su plataforma, con el agregado de contribuir voluntariamente a la reducción de gases generadores del efecto invernadero. La dinámica de la CCX es la de una bolsa de valores tradicional, en la que oferentes y demandantes, privados y públicos, coinciden en un escenario para intercambiar un bien o servicio, sólo que en este caso lo que se tranza son certificados de emisiones reducidas. En ese sentido, una empresa que tenga como compromiso reducir sus emisiones a 10.000 tCO2e por año, pero que al momento de evaluar, emite 12.000 tCO2e por año, debe ir a una Bolsa de Clima a comprar certificados equivalentes a 2.000 tCO2e por año para compensar su excedente. En este punto resulta válido anotar que esta dinámica es una economía de mercado y por lo tanto la ecuación de oferta y demanda determina el precio de los CER.

Cómo está América Latina

La Cepal estimó que para el 2010 se negociaron 400 millones de tCO2e en el mercado voluntario, que equivaldrían a una cifra entre US$4.000 millones y US$5.000 millones, sin contar los US$16.000 millones que llegarían a la región como apoyo financiero a proyectos de desarrollo ostenible. Brasil ha tomado la delantera entre los países latinoamericanos, con la creación del Mercado Brasileño de Carbono, iniciativa conjunta entre la Bolsa de Mercaderías y Futuros y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, que
tienen como propósito fundamental desarrollar un sistema eficiente de reducción de emisiones certificadas. Aunado a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha calificado la estrategia como una de las más importantes apuestas de país alguno en la región para el desarrollo sostenible, viendo un futuro
promisorio en la venta de créditos de carbono. A partir de esas políticas públicas de incentivo, Brasil se ha convertido en uno de los mayores exportadores mundiales de créditos de carbono y el primero de América Latina, contabilizando cerca de 20% de los 55 millones de tCO2e que ha reducido la región.

Latinoamérica en general requiere cambios estructurales para aprovechar la dinámica del mercado, bien sea en el de cumplimiento o fuera de este. Una encuesta del Banco Mundial identificó como las barreras más importantes para la implementación de MDL, la falta de esquemas locales de promoción, la falta de financiamiento para las actividades y proyectos, y en los casos de Colombia y Guatemala, el riesgo país.
A pesar de esas limitaciones se ha aprovechado hasta ahora el potencial del negocio, generando casi la mitad de los proyectos negociados en MDL en el mundo. Esto se debe, principalmente, a lo que la Cepal ha denominado el “stock de recursos para energías renovables” con el que se cuenta, sobre todo las centrales
hidroeléctricas, que suman 53% de todos los proyectos negociados.
Actualmente América Latina está identificando el potencial financiero de sus recursos naturales. A partir de la década de 1990, la mayoría de los gobiernos centrales abrieron las oficinas correspondientes a la Autoridad Nacional Designada (AND), encargadas de la aprobación y promoción del MDL, que es el paso previo nacional a la certificación y comercialización de certificados de emisiones reducidas. Existen casos interesantes que muestran que éste es un modelo de desarrollo sólido que logra darle a la región cierta independencia económica. Panamá, por ejemplo, logró vender un proyecto de captura de emisiones por la construcción de una hidroeléctrica en US$18 millones, lo que cubría buena parte del costo de la construcción, evitando que el país entrara a solicitar préstamos por ese concepto a la banca internacional.

A pesar de ello existen demoras en la parte formal de la aprobación y certificación de los proyectos MDL, tanto en el plano nacional como en la junta ejecutiva del Protocolo de Kyoto. Según un estudio realizado por el Centro Andino de Economía y Medio Ambiente (CAEMA), en 13 países de América Latina y el Caribe se analizó la institucionalidad que rodea al MDL y se encontró que durante el 2004 se presentaron 92 proyectos elegibles al MDL, para ser evaluados y aprobados por las autoridades nacionales designadas (AND), pero un año después sólo un tercio había sido evaluado, entorpeciendo una dinámica que debería ser fluida para incrementar beneficios. Además de lo anterior, no existen criterios estandarizados de evaluación y aprobación de proyectos. El mismo estudio muestra que sólo cinco, de las trece AND de América Latina, tienen protocolos y procedimientos establecidos, lo que genera incertidumbre para los desarrolladores del proyecto e inversionistas; sin embargo se destacan como modelos para seguir, Argentina, Costa Rica y Perú, por la rapidez como han implementado y homogeneizado las reglas MDL.P